El interventor puesto por el gobernador para terminar la tarea que comenzaron Heffner e Hipperdinger
Las desconfianzas de las comunidades aborígenes en Villa Río Bermejito están fundadas en históricas promesas incumplidas de participación, voz y consultas en la toma de decisiones. Nunca fueron escuchados.
En definitiva, es el reconocimiento de violaciones a garantías constitucionales listadas en el art. 75 de la Constitución Nacional, la inclusión del Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en la Argentina por el Congreso Nacional y el art. 37 de la Constitución Provincial, que hacen referencia al tema.
Sobre esto hay una discusión abierta. ¿Es el gobernador el que debe designar el interventor? ¿Es la Cámara de Diputados? ¿Puede jurar un interventor cuando la ley todavía no tiene su trámite completo? ¿Qué pasa si la Legislatura rechaza el veto? Mientras tanto, es notorio cómo la solución se pretende apresurar sobre el final de la crisis. La subversión del régimen municipal había comenzado con Lorenzo Heffner desde que asumió como intendente en 2003 de la mano del Frente de Todos, aunque después se pasó al Frente Chaco Merece Más, primero a través del partido de Emilio Peto Rodríguez, y luego de la mano de Juan José Bergia y retornó con la llegada de Mauricio Macri, ahora con el sello de Cambiemos.
Lo cierto es que Legislatura le prestó atención a los hechos de Villa Río Bermejito con el estallido de la causa Lavado III y, según argumentaron, “ante la grave crisis institucional que atraviesa el municipio de Villa Río Bermejito, por la imputación al intendente Lorenzo Heffner y Héctor Hipperdinger de los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembros de una banda y funcionario público en calidad de autores, negociaciones incompatibles con la función pública, Asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el parlamento chaqueño por 25 votos afirmativos de los diputados presentes aprobó la intervención del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante de esa localidad”.
Trámite parlamentario exprés
Con más del 60 por ciento de población aborigen, Villa Río Bermejito sufrió lo que ahora todos saben y conocen por los medios nacionales. Protagonizó el acampe de sus comunidades para preservar las posibles pruebas que ayuden a esclarecer los hechos sin que el Instituto del Aborigen Chaqueño haya movilizado un delegado para comprometerse en resolver la situación. Su presidente, Orlando Charole, no hizo ninguna mención al tema. Su hermana Andrea, diputada y ex presidente del Idach, tardíamente presentó un proyecto de “preocupación” después de que diputados ingresaron los proyectos de intervención. El núcleo de la base electoral de los Charole radica en el eje Espinillo-Bermejito. Son originarios del Paraje La China, donde continúan viviendo sus familiares. No cuestionaron el saqueo que se produjo en el municipio de Bermejito
El trámite parlamentario de la intervención, en sí mismo, fue llamativo y permanece inconcluso. El Centro Mandela puso en marcha el reclamo a favor de la única salida que significó la intervención ante la posibilidad de que el intendente Lorenzo Heffner y la presidente del Concejo, Roxana Jiménez, pudieran pretender ampararse en inmunidades que le reconocen el art. 195 de la Constitución Provincial.
Con sorpresiva velocidad, el miércoles 15 de agosto la Cámara de Diputados trató tres proyectos distintos que fueron ingresados entre las 20.09 y las 21.24. El primero, presentado por el bloque de Cambiemos, el segundo por diputados que responden a Gustavo Martínez y el tercero por legisladores “no gustavistas”.
Los dos primeros proponían que la Cámara de Diputados, por mayoría simple y en forma inmediata, a propuesta de los Bloques Políticos se designara al Comisionado Interventor de la Municipalidad de Villa Río Bermejito. El tercero, propuso que la Legislatura cediera esa facultad al Poder Ejecutivo.
Finalmente, se impuso el criterio de los bloques que presentaron los dos primeros proyectos. Así fue sancionada la Ley 2889.B. Los principales voceros del gobernador adelantaron en los medios que Domingo Peppo vetaría el proyecto. Por esas horas el gobernador pensaba que no había razones para intervenir porque no se debía interrumpir la institucionalidad. A las pocas horas el primer mandatario cambió de opinión. Siempre desde Buenos Aires, por Twitter anunció que Rubén Guillón sería el interventor. Le tomó juramento el ministro de Gobierno, Martín Nievas, hermano del intendente de Castelli, Alberto Nievas, que también está investigado, porque el Municipio de Castelli es uno de los epicentros del funcionamiento de cooperativas bajo la órbita de la Federación que manejaba la familia Hipperdinger y otros movimientos, para desviar dineros que debían destinarse a la construcción de viviendas para las comunidades indígenas.
Jurar con veto y sin ley frente a la corrupción
Para que pueda jurar el interventor, el gobernador Domingo Peppo vetó el artículo tercero de la Ley 2889.B. Presentó el decreto de veto a la Legislatura a las 8,35 de la mañana del viernes 17 de agosto, que hasta ahora no tuvo tratamiento. Sin embargo, el ministro Nievas le tomó juramento al interventor ese mismo día a las 11.
En estas condiciones Guillón llegó a Villa Río Bermejito el sábado a las 9 de la mañana. Una de las primeras dudas que plantearon las comunidades es si la intervención estaba sancionada o vetada y, en su caso, cuáles eran los diplomas que traía el interventor. La secretaria de Municipios, Beatriz Fermina Bogado, leyó el Decreto 1754. Antes, confusamente Nievas trató de explicar en Resistencia que “la Cámara de Diputados dictó una sanción legislativa en la cual para proceder a la promulgación de dicha norma, el Poder Ejecutivo vetó un artículo. De esta manera se buscó dar celeridad a la designación del Comisionado Interventor en la persona de Rubén Omar Guillón (sic)”. El argumento fue el apuro y desembocaron en una inesperada confesión que pareciera no fue advertido por los medios.
Pareciera que a partir de ahora el interventor designado solamente se apoya en la especulación o posibilidad de que la mayoría de diputados que sancionaron la ley no insistirían en la redacción original. Por lo menos el oficialismo terminaría aceptando el veto para no dejar tan mal parado al gobernador.
En Villa Río Bermejito se produjeron dos instancias en la movilización de las comunidades. Una primera, que impulsó el acampe que buscó preservar la documentación que todavía queda en el municipio que podría ser de utilidad en la investigación del Lavado III. Y otra, a partir del diálogo que mantuvieron algunos pocos representantes que dispusieron el levantamiento del acampe en un acta manuscrita firmada con Guillón sobre el destino de las llaves de la Municipalidad en el fin de semana largo, que finalmente quedó en manos del comisario de Policía. Todo indica que se olvidaron de la autonomía municipal, que quedó en el olvido hasta para los más republicanos y demócratas.
Para que Guillón arranque espera la intervención de los técnicos del Tribunal de Cuentas. Comprometió en la explanada del municipio que se efectuará una auditoría de corte. Extraña medida la del interventor teniéndose en cuenta que el referido órgano de control avaló toda la gestión de gobierno de Heffner en cada ejercicio financiero. Claramente incurrieron en graves defectos de control, asesoramiento y prevención en materia de manejos y de estados contables. Sin embargo, todo indica que Guillón tiene muchas esperanzas en los funcionarios de ese organismo. Así lo transmitió con mucho entusiasmo ante los pobladores de Bermejito.
En general, el clima aparentaba tranquilidad. Hasta se produjeron algunos aplausos. Sin embargo, en la asamblea que se realizó en la Plaza inmediatamente después de las palabras del interventor el factor común que manifestaron los asambleístas fue la desconfianza. Intuían la estrategia oficial fue romper la unidad del acampe. Y eso se pudo ver en el acta firmada por el interventor con algunos dirigentes y la retirada de muchos integrantes de las comunidades.
Con los hechos consumados, lo que resta es garantizar que la documentación que todavía está dentro del municipio llegue a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal. Es vital porque la justicia penal de Castelli está al acecho. Encubre todas las situaciones que comprometen al gobierno anterior y al gobierno provincial, aunque tiene como principal objetivo investigar a Luis Mancini en relación al manejo de los fondos y las viviendas construidas por la Cooperativa “Néstor Kirchner”, que públicamente denunciara Lorenzo Heffner y que dio origen a una presentación ante la Fiscalía de Investigación Penal a cargo del Dr. Hugo Obregón.
El precario y apurado compromiso asumido fue firmado por algunos dirigentes. Esto no quiere decir que vaya a cumplirse medianamente, sobre todo en el manejo de la documentación que puede existir en la Municipalidad, que podría afectar a Lorenzo Heffner y a José Hipperdinger, dado que puede alcanzar a Domingo Peppo en el período en que fue presidente del Instituto de Viviendas.
Después de la asamblea realizada en la Plaza con posterioridad a escuchar a Guillón, el Centro Mandela escuchó a otros sectores de la comunidad indígena que no estuvieron representadas en el acampe. Plantearon posiciones diferenciadas, aunque el común denominador fue que expresaron su gran desconfianza hacia el gobierno provincial en el sentido de que la intervención concentre su tarea en digitar un candidato a intendente de su confianza y a concejales dóciles, lo que no sería una novedad en Bermejito.
Obstaculizar la investigación de la Justicia Federal
La causa Lavado III investiga movimientos de fondos para la construcción de viviendas ocurrido entre 2011 y 2016. Hasta diciembre de 2015 el gobernador fue Jorge Capitanich que como primer mandatario destacaba la transparencia de su gestión y el absoluto control del sistema financiero del sector público, como señalando que estaba sentado sobre la caja provincial. Entre 2012 y mediados de 2015 el presidente del IPDUV fue el actual gobernador Domingo Peppo. Casualmente en ese período se produjo el mayor movimiento de fondos y de anuncios de construcción de miles de viviendas, especialmente para pobladores aborígenes de El Impenetrable, cuya zona roja siempre fue Villa Río Bermejito.
“En ese período se tenían que haber construido 2.446 viviendas. Faltan construir o terminar 1.909 unidades, y no se sabe dónde está la plata. Y la plata que se mandó en esa etapa fueron 1000 millones de pesos”, dijo Rolando Núñez en la asamblea que se realizó en la Plaza después de que hablaran las autoridades provinciales. Agregó que “si encuentran papeles que puedan probar que desviaron fondos, no sé qué puedan hacer con esos papeles, pero las comunidades indígenas deben pedir que sean enviados al Juzgado Federal de Resistencia”.
La Justicia Penal del Chaco cerró filas. Asumieron la competencia en los tres casos de lavado. En uno de ellos de manera vergonzosa. Van por el conflicto de competencia para obstaculizar el buen trabajo de investigación de la Justicia Federal. ¿Tendrá algo que ver con esto la designación del interventor de Bermejito y lo que ocurre en la Municipalidad de J. J. Castelli?
La antigua subversión del orden municipal
La Cámara de Diputados y, después, el gobernador Domingo Peppo entendieron que correspondía que se dispusiera la intervención del municipio de Bermejito que por largo tiempo se encontraba en una clara situación de subversión del régimen municipal. La última jugada que perdió a la banda consistió en la licencia “planificada” que tomara Heffner para que Roxana Jiménez, esposa de José Hipperdinger, asumiera como intendente y que éste último ejerciera la suma del poder público, además de tener acceso ilimitado a toda la documentación que podría incriminarlos.
Lo que se investiga corresponde a hechos ocurridos hace varios años, que evidentemente escaparon a todos los organismos de control. Vale decir que la subversión del régimen municipal es una situación que trascendió lo meramente administrativo-financiero. El municipio funcionaba como un mercado off shore o un paraíso fiscal.
Desde la llegada de Lorenzo Heffner a la intendencia de Villa Río Bermejito se produjeron situaciones gravísimas que aparentemente no llamaron la atención del gobierno provincial y de los organismos de control. Lo ocurrido ha sido más grave aún que los hechos investigados ahora.
El portal Plaza de Mayo repasa varios hechos, comenzando por la muerte a palazos del menor Imer Flores, un joven originario del paraje El Colchón que osó ingresar a la playa en la que veranean los blancos. Ese medio aclaró que “Antes del asesinato de Imer, ocurrieron 6 crímenes más. Todas las víctimas eran jóvenes de la comunidad qom. A Alberto Galván le dispararon, lo mutilaron y lo arrojaron al río para que lo coman las pirañas. Los acusados y la policía dijeron que se ahogó solito, intentando escapar después de robar una billetera. A Alberto Montenegro lo ahorcaron en el monte, con los cordones de sus zapatillas y el único detenido salió libre al día siguiente. A Juan Aguirre lo interceptaron en la ruta cuando llevaba dinero para las cooperativas. Lo mataron a golpes y se llevaron los tres mil pesos. A Claudio Alvino lo acuchillaron en una fiesta a la que sus propios asesinos lo habían invitado. A N.P., de quince años, la violaron tres criollos y no lograron matarla, pero eso no la salvó de ser humillada por la policía y el médico cuando fue a hacer la denuncia. Aunque las víctimas siempre fueron las mismas, para el gobierno son delitos comunes y no crímenes de odio”.
Finalmente, el portal La Insuperable dice “Los tres millones y treinta y pico de automóviles de alta gama hallados en su casa en solo la frutilla de un postre”.
¿De qué lado están?
Fueron tres proyectos los que presentaron los diputados para intervenir Bermejito. Uno de Cambiemos, otro de diputados del FCMM, que responden a Gustavo Martínez, y el siguiente del oficialismo que no responde a Gustavito. Está bueno conocer a los diputados que presentaron los tres proyectos para que la opinión pública los conozca un poquito más.
El proyecto de ley 3755/2018 fue firmado por Alejandro Aradas, Carina Noemí Batalla, Gustavo Silvio Corradi, Pablo Alberto Curin, Hugo Dardo Domínguez, Claudia Noemí González, Livio Edgardo Gutiérrez, Roy Abelardo Nikisch, Luis Alberto El Halli Obeid, Carim Antonio Peche.
El proyecto de ley 3756/2018 fue presentado por Rubén Walter Aquino, Andrea Anastacia Charole, Lidia Elida Cuesta, María Lilian Fonseca, Nadia Soledad García Amud, Ricardo Luis Sánchez, María Elena Vargas.
A su vez, el proyecto de ley 3757/2018 fue firmado por Susana Lilian Alonso, Juan José Bergia, Gladis Noemí Cristaldo, Claudia Lorena Panzardi, Juan Manuel Pedrini, Hugo Abel Sager, Liliana Estela Spoljaric, Héctor Justino Vega.